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NUEVA LEY DE CINE PERUANO: PUNTOS A TENER EN CUENTA

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Por Mónica Delgado

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, ha convocado a los miembros del sector cinematográfico y a la ciudadanía en general, a una discusión pública sobre el anteproyecto de Ley de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano. Esta es una oportunidad de participación sobre todo para dejar en claro qué tipo de cine peruano es el que se tiene que priorizar, más allá de cualquier tópico temático, ascendencia territorial o tendencia estética, y ante el panorama de un cine peruano comercial que quizás no necesitaría de este tipo de incentivos.

Desde Desistfilm proponemos algunos puntos que no deberían dejarse de lado, tanto en el plano de las mismas políticas públicas culturales como dentro de un urgente impulso del cine como una actividad que genera empleo, identidad y proyección internacional.

Sobre la creación de un fondo para el fomento del audiovisual

Actualmente, existe un impuesto que es cobrado por los gobiernos locales (municipios) a partir de lo señalado en el Decreto Supremo N.° 156–2004-EF, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, vigente desde enero de 1994, cuyo vínculo con la actual ley de cine N.° 26370, es implícito. Es decir, en la ley aún vigente solo se señalan como recursos para el fomento del cine las arcas del estado, el apoyo de organizaciones privadas y las donaciones o convenios. Esta recaudación municipal no ha tenido un efecto directo para los objetivos de la ley, y su utilización ha sido mediada por los mismos gobiernos locales y el gobierno central para fines más amplios dentro de los planes anuales del estado e incluso ajenos a la posibilidad de hacer crecer la producción nacional.

Este impuesto que es controlado y cobrado por los municipios se extrae de una tasa por la asistencia a eventos culturales no deportivos, que incluyen a eventos taurinos y carreras de caballos. Los espectáculos cinematográficos están gravados con un 10%. Cada vez que pagamos una entrada, figura un 10% del costo total que va destinado a este propósito. Es así que una de las grandes demandas de la nueva ley es derogar ese inciso (el c del artículo 57 de esta ley de tributación), ya que este recurso no cumpliría por su naturaleza a ser parte de una política nacional de fomento al cine. Por ello, deber se replanteado, regulado y reglamentado en la nueva ley pero ya no como un tributo municipal sino como un impuesto nacional de apoyo al cine peruano.

Lo que se debe garantizar en la nueva ley de cine es que este impuesto de 10% no se reduzca, sino más bien que se oriente a que sea uno de los recursos que haga plausible y estable la institucionalidad de un Fondo Nacional del Cine y del Audiovisual peruano, no como una entidad que funja de tesorería, sino que diseñe e implemente políticas y estrategias de fomento, formación, capacitación, especialización en el marco de un plan más amplio de fomento a la cultura en el país, que se incluya dentro de la conformación de un instituto nacional de cine, por ejemplo.

El impuesto está, se paga mensualmente por las exhibidoras a los municipios, bajo un objetivo errado, y sería lógico que este recurso, que debería ser un intangible, pase a ser parte de este fondo nacional. Reducirlo sería un mal antecedente. Por otro lado, es probable que este 10% sea motivo de objeciones de dos bandos al momento de su discusión en un plano político y económico : el Ministerio de Economía y Finanzas, y las exhibidoras por otro, sobre todo porque podrían evaluar la posibilidad de reducir este impuesto en la nueva ley a cambio de algún acuerdo de exhibición de cine peruano.

Sobre el concepto de descentralización ante el cine regional

Se suele usar el término descentralización como sinónimo de inclusión. Una ley “descentralizada” sería aquella que norme equitativamente las condiciones para recibir los beneficios de un fomento al cine para las productoras de regiones, pero reguladas, estudiadas, y premiadas desde Lima. Organizar un taller de diálogo en regiones no es descentralizar como tampoco idear una nueva categoría de premiación donde los juicios de valor se transforman cuando la obra es producida en diversidad y en desventaja técnica (que la pudiera tener cualquier obra del mundo), recurriendo en muchos casos como argumento para su evaluación a paternalismos insufribles. Y este paradigma o sentido común de generar condiciones diferentes para promover al cine hecho fuera de Lima no responde a un tipo de estudio, modelo, dentro de un diseño de políticas públicas de empoderamiento empresarial, industrias culturales o simples medidas de fomento a la creación. Y es probable que esta visión se repita en la nueva ley, donde el término descentralizado responde más a un afán inclusivo que a una mirada política o territorial que debería tener una ley.

Una ley descentralizada debería contemplar roles de los gobiernos regionales y locales como aliados en esta estrategia de fomento de cine a gran escala, pero la misma naturaleza del Ministerio de Cultura, que coordina con entes desconcentrados en cada región, que no tienen autonomía ni para ejecutar ni para adaptar y asumir como propias políticas públicas ideadas desde Lima, hacen que el término resulte solo una buena intención en papel.

Los roles de los gobiernos locales y regionales debería estar claros no solo en temas de administración presupuestal, sino con responsabilidades claras en cuanto promoción del cine, ya sea con actividades u ordenanzas. Uno de los grandes problemas de no contar con un circuito estable de cine (producción, distribución y exhibición) es el nulo apoyo a la formación de públicos. Por ello, también sería esencial incluir mecanismos y estrategias de articulación entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, porque una pedagogía desde lo audiovisual es inexistente en la currícula escolar y que debería ser asumida también desde los currículos regionales.

Una cuota de pantalla, sin temor a incluirla

Ante procesos de distribución y exhibición dispares, donde Asu Mare puede estar semanas y Solos o Rodar contra Todo media tarde en cartelera, es urgente formalizar el tipo de relación entre las empresas productoras de los films peruanos y las exhibidoras. Pero esta relación, además de incluir contratos u otros mecanismos de formalización, que debería estar  sujeta a las leyes que regulan cualquier contrato dentro del territorio peruano.

Hay un temor de incluir el término cuota de pantalla como si fuera una medida de presión o de terror para las exhibidoras, en su mayoría transnacionales. Pero lo que es innegable es que es un mecanismo, que lo pueden llamar como les dé la gana, pero que debería ser una condición vital en cualquier ley que busca promover un tipo de cine sobre todo que no vive del product placement o de los ingresos millonarios de las taquillas. Hablamos de un cine independiente, ganador de premios del estado mismo y que no encuentra garantías para un estreno decente. No tendría lógica obligar a las exhibidoras a proyectar una película peruana cada tres meses (como sucede en otros países) porque de por sí el cine nacional ha tomado un ritmo donde incluso hay estrenos semanales (y que se pronostica seguirá un curso estable), sino que más bien se debe regular las condiciones para hacer que el cine peruano no sea maltratado, no sea sacado de cartelera a las horas del estreno. Por ello se deben idear mecanismos para esta cuota, que no tendría por qué ser un mismo estreno en diez o veinte salas sino crear quizás sistemas de exhibición rotativos y alternativos dentro de los mismos ritmos de un multicine.

Sobre la necesidad de una cinemateca y de apoyo a espacios de exhibición alternativos

Es urgente que la nueva ley no considere solo un sistema de archivo, restauración o preservación del cine peruano como acciones huérfanas sino que estén dentro de una cinemateca nacional, espacio no solo de encuentro, sino de análisis, investigación, formación de públicos, como sucede en otros países de la región. Resolver este asunto a partir de alguna obra por impuestos sería una gran posibilidad, sobre todo si se trata de considerar beneficios tributarios para aquellas empresas que quieren aportar al desarrollo del cine peruano.

Por otro lado, es necesario un impulso a salas de cine alternativas, a cineclubes, pero garantizando condiciones mínimas de exhibición, donde los espacios de proyección no sean aulas improvisadas, que no sean simples cuartos con proyectores, donde haya un respeto mínimo al trabajo del director que va a exhibir su film.

Tras la presentación de la ley de cine por la DAFO en esta semana, seguiremos posteando algunas inquietudes en torno al nuevo anteproyecto, y que debería ser trabajado a la par de su reglamento, ya que este panorama debería estar claro, libre de dudas.

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desistfilm • 27 abril, 2017


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